Por Fredy Muñoz Altamiranda
Un juez estadounidense ha condenado a 60 años de prisión al guerrillero colombiano Simón Trinidad.
Esta condena es una muestra más del nivel de entrega de la soberanía colombiana a los mandatos estadounidenses.
Simón Trinidad fue capturado en Quito por la CIA y agentes corruptos de la inteligencia ecuatoriana y colombiana el dos de enero de 2004, y según Raúl Baca, entonces ministro ecuatoriano de Gobierno, el único delito de Trinidad en ese país habría sido carecer de documentos de identificación.
Simón Trinidad venía de hacer parte del equipo de las FARC que se sentó a explorar acuerdos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Su captura, se produjo, según fuentes de las FARC, cuando Trinidad iniciaba contactos con las Naciones Unidas para proponer un intercambio de prisioneros con el Estado colombiano.
En un operativo cinematográfico Trinidad fue traído a Colombia, mostrado a la prensa y luego extraditado a los Estados Unidos el 31 de diciembre del año 2004.
El concepto favorable que emitió la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ordenó también la extradición de los paramilitares y narcotraficantes Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.
Pero la aparición de los nombres de estos dos últimos en el documento, no puede ser vista como otra cosa que como una maniobra de la Corte para posar de equilibrada, porque Mancuso sigue su vida de beneficiado de la cuestionada Ley de Justicia y Paz en Colombia, y Carlos Castaño, vaya a saberse si fue realmente asesinado por su hermano Vicente, o se asolea en un balneario del Mar Muerto.
Mancuso está varias veces condenado por masacre, asesinato y narcotráfico. Sin embargo la Ley de Justicia y Paz, bodrio jurídico nacido del Uribismo, le exigirá pagar máximo de ocho años de cárcel, de los cuales lleva cuatro cumplidos; es decir, para las próximas elecciones estará libre y disfrutará su fortuna ilegal en alguna de sus haciendas abonada con miles de campesinos muertos.
La justicia estadounidense formuló cargos a Simón Trinidad por narcotráfico, terrorismo y secuestro. En un primer juicio el jurado no lo condenó debido a la inconsistencia de las pruebas aportadas por los fiscales.
Luego se inició un segundo juicio, en el que se le procesó por el secuestro de tres mercenarios, agentes de la CIA capturados por las FARC, cuando sobrevolaban territorio colombiano en una avioneta derribada con tiros de fusil.
(Mercenarios estadounidenses en poder de las FARC - Selvas de Colombia)
Al momento de la captura de los mercenarios Trinidad ni se encontraba en la zona, ni hacía parte jerárquica del mando conjunto guerrillero que realizó la operación, sin embargo el juez norteamericano lo ha condenado a 60 años de prisión, por lo que considera una “conspiración” para secuestrar a los tres mercenarios que ellos llaman sutilmente “contratistas” del Pentágono.
La condena de 60 años a Trinidad, un hombre de 57 años, supone además cárcel de por vida, ya que posiblemente morirá en prisión, circunstancia que rompe uno de los compromisos del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, que prohíbe penas perpetuas.
El mismo tratado dice además que los delitos por los cuales se pide a un ciudadano extranjero deben haber sido cometidos en suelo estadounidense, y la supuesta “conspiración” por la cual se condena a Trinidad habría ocurrido en Colombia.
Además “conspirar” supone una planificación del delito, una instancia anterior de dolosa concertación entre quienes lo cometen; y las circunstancias de captura de los tres mercenarios parecen ser fortuitas.
Es muy probable que al derribar la avioneta en vuelo, los guerrilleros de las FARC que le dispararon no supieran que en su interior se encontraban los mercenarios, que se los habrían “encontrado” en el operativo, cosa que desvirtúa la teoría conspirativa con la cual se condena a Trinidad.
Sea lo que fuere, el caso es que el Estado colombiano renunció vergonzosamente a su soberanía de procesar y juzgar a un nacional, sólo para complacer la vanidad gringa de creerse los policías del mundo.
El 3 de febrero de 2005 fue negada una solicitud de repatriación a Colombia, hecha por sus abogados, donde se le mantienen abiertos 96 procesos. Otra de las violadas condiciones del tratado de extradición es que los delitos del sujeto en su tierra de origen tienen prevalencia sobre los que supuestamente cometa en suelo ajeno.
En Colombia Trinidad ya estaba condenado a 81 meses de prisión por rebelión. Su condena a 60 años es un portazo dado a la posibilidad de un Acuerdo Humanitario, actitud gringa que reproduce fielmente el gobierno de Álvaro Uribe.
A finales del año pasado, padres, madres, esposas, hijos e hijas de los tres mercenarios estadounidenses visitaron el palacio de Miraflores en Caracas. Sus caras reflejaban la ilusión de ver pronto a sus familiares, porque la mediación del presidente Hugo Chávez le había dado un nuevo impulso al tema del Acuerdo Humanitario.
¿Cómo estarán hoy esas mismas personas, al saber que uno de los “canjeables” de las FARC en los Estados Unidos, garantía de liberación de sus familiares, podría morir de viejo en prisión?
(Presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores, con los familiares de los estadounidenses en poder de las FARC)
